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Demandan a Arizona por negar licencias a jóvenes bajo la acción diferida

Phoenix, Arizona

Una coalición de organizaciones civiles presentaron hoy una demanda en contra del estado de Arizona por negar licencias de conducir a jóvenes indocumentados que han sido aprobados para la acción diferida.

Los demandantes aseguran que es inconstitucional la orden ejecutiva firmada el pasado mes de agosto por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, en la que se niega a los estudiantes indocumentados, también conocidos como "soñadores", la posibilidad de obtener una licencia de manejo o una identificación oficial del estado.

La acción diferida permite a jóvenes indocumentados menores de 30 años de edad elegibles obtener un permiso de trabajo por dos años, evita que sean deportados durante este periodo de tiempo, pero no les otorga una residencia legal en el país.

La demanda fue interpuesta en nombre de la Coalición del Acta Sueño de Arizona y cinco jóvenes indocumentados a quienes les ha sido negada la licencia de manejo en este estado.

"Este es un ataque vergonzoso en contra de nuestra juventud, cuando a nuestros brillantes jóvenes se les niega una licencia de conducir, esto les dificulta ir a la escuela, trabajo o conseguir sus sueños, algo que afecta a toda nuestra comunidad", dijo en conferencia de prensa Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona, una de las organizaciones que presentó la demanda.

Una de las demandantes es Alejandra Ibarra, de 19 años de edad y quien ha vivido en EE.UU. desde que tenía 4 años.

Aseguró que ante la falta de una licencia de conducir le es difícil llevar a su hijo al doctor o llevar a sus jóvenes hermanos a la escuela, ya que no puede manejar.

Ibarra fue aprobada para la acción diferida el pasado mes de octubre y ahora cuenta con un número de seguro social y un permiso de trabajo.

"Me ofrecieron un empleo en la ciudad de Tempe, pero tuve que rechazarlo porque se encuentra a 25 millas (40 kilómetros) de donde vivo y no puedo manejar un auto", aseguró la joven.

"El Gobierno Federal ha quitado de las espaldas de estos brillantes jóvenes soñadores el fantasma de la deportación, pero el estado de Arizona insiste en perseguir su propia política de inmigración tratando de mantenerlos en las sombras", dijo Jennifer Chang Newell, abogada con el Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de ACLU.

La demanda interpuesta en la Corte Federal en Phoenix asegura que el estado de Arizona viola la Constitución al interferir con la ley federal de inmigración, también indica que se viola la enmienda 14 de igualdad de protección al discriminar en contra de un cierto grupo de no ciudadanos.

El estado de Arizona fue uno de los primeros estados en el país en negar licencias de conducir a indocumentados, exigiendo prueba de residencia legal o ciudadanía a todas las personas que tratan de obtener este documento.

Cuando la gobernadora firmó la orden ejecutiva negando licencias de conducir a los soñadores, aseguró que la acción diferida no otorga un estatus legal a los jóvenes indocumentados, por lo que no son elegibles para obtener beneficios públicos, licencias de conducir o identificaciones oficiales.

Nicholas Espíritu, abogado del Fondo Méxicoamericano de Defensa Legal y Educación (MALDEF, en inglés), otra de las organizaciones que presentaron la demanda, aseguró que el estado de Arizona sigue aplicando una política injusta e inconstitucional que discrimina a los jóvenes "soñadores".

De acuerdo a cifras del Instituto de Política de Inmigración, con base en Washington, aproximadamente 1,7 millones de jóvenes indocumentados son elegibles para la acción diferida, de los cuales 80.000 viven en Arizona.

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