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Coalición demanda a gobernadora Brewer

Phoenix, Arizona

Una coalición de organizaciones comunitarias anunció el jueves 29 de noviembre que iniciará un proceso jurídico desafiando una orden ejecutiva que la gobernadora Jan Brewer emitió en respuesta a la acción diferida de la administración Obama y la cual, entre otras cosas, prohíbe al estado emitir licencias de conducir a un grupo especifico de jóvenes indocumentados.

Esta acción legal involucra a organizaciones como ACLU, Arizona DREAM Act Coalition, y cinco individuos que buscan desestimar esta directiva de la gobernadora Brewer emitida el pasado mes de agosto, alegando que la misma, viola la cláusula de supremacía de la Constitución al interferir con leyes migratorias, así como la Clausula de Protección Equitativa de la decimocuarta enmienda de la Constitución.

Esta directiva que entró en vigor el pasado mes de septiembre podría afectar al menos a 80 mil estudiantes en Arizona, como el caso de Alejandra Ibarra, una joven de 19 años de edad que ha residido en este país desde que tiene 4 años de edad y está casada con un ciudadano estadounidense.

"Es difícil llevar a mi hijo al doctor o ayudar a mis dos hermanos menores a que vayan a sus actividades extracurricular sin poder conducir... me ofrecieron un trabajo, en Tempe, pero tuve que rechazarlo porque no me permiten conducir un carro", explicó Ibarra, quien recibió su estatus de acción diferida incluyendo un permiso de trabajo.

Por su parte, miembros del equipo legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), mencionan que aunque el gobierno federal ha logrado detener la deportación de estudiantes indocumentados, un grupo de políticos en el estado insiste en continuar ejerciendo hegemonía en cuanto a leyes migratorias.

"En vez de negar a estos jóvenes la posibilidad de conducir un automóvil -necesidad diaria de mucha gente-, nuestros líderes deberían unirse para crear soluciones a largo plazo que permita a estos jóvenes talentosos alcanzar el sueño americano", indicó Jennifer Chang Newell, abogada de ACLU.

Alessandra Soler, directora ejecutiva de ACLU, comenta que esto es un ataque a la juventud del estado. "Cuando a nuestra juventud se le prohíbe obtener licencias de conducir, asistir a la escuela o trabajar o cumplir sus sueños, la comunidad entera sufre", resaltó Soler-Meetze.

Al equipo legal de ACLU se ha unido MALDEF, National Inmigration Law Center (NILC ) y la oficina en Phoenix de Polsinelli Shughart, P.C.

Los demandados son la gobernadora Janice Brewer; John S. Halikowski, director del Departamento de Transporte y Stacey Stanton, director asistente de la División de Motores y Vehículos.

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