Crisis en el cuidado temporal de menores

Uno de los sectores poblacionales más vulnerable a los efectos de pugnas políticas, reducciones presupuestales y la inhabilidad de trabajar en conjunto por el bienestar de todos son los niños, y la situación no parece mejorar para aquellos que serán el futuro de Arizona.

Desde hace algunos años varias agencias gubernamentales y privadas que proveen servicios de asistencia social, han sufrido recortes que impiden ayudar completamente a quienes lo necesitan, lo cual ha repercutido en una especie de efecto dominó en los grupos poblacionales más vulnerables.

Tal es el caso del Servicio de Protección al Menor (CPS, por sus siglas en inglés), agencia gubernamental que particularmente enfrenta desafíos al tener que reestructurar algunos de los servicios que provee debido a déficits presupuestales creados por un incremento en el número de casos y la aplicación de nuevas medidas administrativas.

De acuerdo a documentos recabados por el diario The Arizona Republic, CPS presenta dificultades para operar con su actual presupuesto, pues la cantidad de casos que atiende se han multiplicado, resultando en la saturación del sistema, con una cantidad desproporcionada de personal administrativo y de campo.

Múltiples factores han contribuido a que CPS no pueda mantener un sano presupuesto, cuyo déficit es actualmente de 35 millones de dólares.

De esa cantidad, 27 millones han repercutido directamente en el cuidado de menores que tienen necesidad de cuidado temporal o reubicación en refugios u hogares temporales.

De acuerdo a cifras reveladas por CPS, el estado ha visto un incremento del 25 por ciento en el número de menores que son ubicados en hogares temporales o refugios, alcanzando la cifra récord de 14 mil 500, lo cual representa dos y tres veces el estándar local y nacional.

Esto repercute económicamente, ya que el incremento de menores en estos hogares temporales le cuesta al estado hasta cuatro veces más que ubicarlos con familias que les provean cuidado temporal.

Las áreas más afectadas son las de visitas de padres a sus hijos, personal de apoyo y costos de transporte.

De acuerdo con expertos de CPS, las visitas son fundamentales en la rehabilitación y reunión de las familias, y la reducción de las mismas puede afectar la habilidad de las familias de reunirse e incrementar el número de jóvenes en cuidado temporal.

Los más afectados a las reformas administrativas de CPS, adoptadas el pasado mes de noviembre, son los menores que fueron distanciados de sus núcleos familiares por sospechas de abuso o negligencia.

En marzo de este año la legislatura del estado aprobó la ley HB2249, una pieza legislativa que crea un comité de 13 miembros encargado de monitorear las responsabilidades, reformas, metas de CPS, así como realizar reportes con sus respectivas recomendaciones a la gobernadora de Arizona.

Debbie McCune Davis, representante del distrito 14, será parte del Arizona's Child Protective Services Oversight Committee, y mencionó que está preparada para trabajar y optimizar los servicios de CPS.

Asimismo, la representante Katie Hobbs del distrito 15, mencionó que existe una obligación legal y moral para asistir a CPS y optimizar los servicios que provee.

"Si no avanzamos en resolver este problema los resultados pueden ser trágicos e irreversibles tanto para los niños como para las familias. Esta tiene que ser nuestra prioridad", declaró Hobbs.