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La muerte de indocumentados marca de nuevo el año en la frontera de Arizona

Tucson (Arizona)

La violencia en la frontera con México y la muerte de inmigrantes indocumentados a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza marcaron una vez más la dinámica de la frontera de Arizona en este año que termina.

Una de esas muertes ocurrió el pasado 10 de octubre, cuando José Antonio Elena Rodríguez, de dieciséis años de edad y quien se encontraba en el lado mexicano, murió después de que un agente fronterizo le disparara.

Según la agencia federal, los oficiales fronterizos se defendían de un ataque con piedras después que varios individuos abandonaran la droga que transportaban y huyeran a territorio mexicano.

Menos de dos meses después, el pasado 3 de diciembre, Margarito López Morales, un joven guatemalteco de diecinueve años, también murió a manos de un agente fronterizo cerca de la población de Sasabe, en Arizona.

Dos días después, otro inmigrante indocumentado fue baleado por un oficial de la Patrulla Fronteriza cerca de la población de Gila Bend.

Todos estos casos se encuentran bajo investigación y tanto familiares como activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos esperan conocer más detalles sobre ellos.

"Es nuestro deber llamar la atención sobre lo que está pasando en la frontera de Arizona y exigir justicia para todas las víctimas", dijo a Efe Kat Rodríguez, representante de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.

De acuerdo con cifras de esta organización, en los últimos dos años han fallecido al menos diecinueve inmigrantes indocumentados a manos de agentes fronterizos en la frontera de Arizona con México.

"Estas son diecinueve personas que han muerto. Este es un problema muy grave que está ocurriendo en nuestra frontera. Llevamos muchos años exigiendo que una agencia independiente investigue estos casos y otras acusaciones de abusos", dijo la activista, quien lamentó que en muchas ocasiones estas investigaciones se demoren durante años y muy raramente se presenten cargos.

En su opinión, "cuando un agente fronterizo mata a un migrante, no nos quieren dar ningún tipo de información, ni siquiera el nombre del oficial o si aún continua trabajando en la frontera".

Indicó que en algunos casos los agentes fronterizos implicados solamente son enviados a un sector diferente para que continúen allí con su trabajo.

"Nosotros pagamos nuestros impuestos y por consecuencia el salario de los agentes fronterizos, por lo que considero que tenemos el derecho de saber qué es lo que está pasando", enfatizó la activista.

Mike Wilson, representante de Border Action Network en Arizona, dijo a Efe que no existe ninguna consecuencia para los agentes de la Patrulla Fronteriza que acaban con la vida de otra persona.

"Nadie se hace responsable de estas muertes, ninguna agencia del Gobierno de los Estados Unidos", lamentó Wilson.

Agregó que aunque durante 2012 hubo menos personas que cruzaron la frontera de manera ilegal respecto a otros años, el número de personas fallecidas volvió a ser muy elevado.

De acuerdo a cifras de la Coalición de Derechos Humanos, en el año fiscal 2012, que finalizó el pasado 30 de octubre, fallecieron 179 inmigrantes indocumentados en su intento de cruzar la frontera de Arizona. En el ejercicio 2011 esa cifra fue de 192 y en el de 2010 de 250.

Las cifras oficiales del año fiscal 2012 aún no han sido dadas a conocer por la Patrulla Fronteriza. Las más recientes apuntan que en el sector de Tucson, que cubre el 90 por ciento de la frontera de Arizona, se registraron 150 fallecimientos entre el 1 de octubre de 2011 y el 31 de agosto de 2012.

Además de la muerte de quienes tratan de cruzar, durante este año la Patrulla Fronteriza también sufrió la pérdida de uno de sus agentes el pasado octubre: el oficial Nicholas Ivie.

Aunque al principio se especuló con la posible presencia de grupos delictivos en el momento de los hechos, la agencia federal reconoció posteriormente que existen inicios de que la muerte del agente se debió a "fuego amigo" proveniente de otro agente fronterizo que investigaban la activación de la alarma de un sensor de movimiento ubicado a cinco millas de la frontera con México, cerca de la población de Naco.

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