Lanzan una campaña para pedir una vía a la ciudadanía en plazos "razonables"

Organizaciones hispanas y cívicas anunciaron hoy una campaña para pedir al Congreso que se ponga de acuerdo en un camino "justo y en plazos razonables" a la ciudadanía para alrededor de once millones de inmigrantes indocumentados.

La Alliance for Citizenship (Alianza para la Ciudadanía), en la que participan además asociaciones asiáticas, religiosas, de defensa de los derechos civiles y laborales, quiere presionar para asegurar que "este año se acuerda una reforma que incluya un camino a la ciudadanía".

En una conferencia telefónica conjunta, los organizadores anunciaron que las medidas de presión, que incluirá una campaña radiofónica en español, dejarán claro que los hispanos han tenido un papel importante en el país y esa importancia aumentará.

"Los que en el Congreso se muestran críticos y llaman a una vía hacia la ciudadanía un paso extremo, no se dan cuenta que lo extremo es que no se permita quedarse en Estados Unidos a personas que han estudiado y defendido al país en las Fuerzas Armadas", indicó el sindicalista del SEIU Eliseo Medina.

Por su parte, Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional La Raza, pidió un proceso que abra un camino a la ciudadanía "claro, justo y real" y que emane de un acuerdo bipartidista en el Congreso.

El pasado fin de semana se filtró un borrador de ley redactado por la Casa Blanca en el que se contemplaba un proceso de ocho años para obtener la residencia permanente y en el que posteriormente quedaba abierto el camino hacia la ciudadanía.

Denis McDonough, jefe de gabinete del presidente, Barack Obama, aseguró que ese borrador no es más que una propuesta en el caso de que fracasen los intentos de consenso en el Senado, donde un grupo de ochos senadores republicanos y demócratas han delineado propuestas comunes que incluyen las condiciones para optar a la ciudadanía.

"Entendemos que habrá que esperar para obtener la ciudadanía, pero el proceso debe realizarse de manera justa en un tiempo razonable y en el menor posible", indicó Medina.

"Tampoco queremos que el proceso hacia la ciudadanía sea rehén de la seguridad fronteriza", según Medina.

El presidente Obama y los demócratas han destacado que la caída en la entradas ilegales por las fronteras permite iniciar el proceso de regularización tan necesario para la economía del país, mientras que los republicanos insisten en que no se debe bajar la guardia en el control fronterizo y el cumplimiento de las leyes.

Murguía dijo que es hora de formalizar el acceso a la ciudadanía en una ley y recordó que el Gobierno federal gastó en la lucha contra la inmigración ilegal 18.000 millones de dólares en 2012, más que el presupuesto de todas las agencias de seguridad federales juntas (FBI, la agencia antidrogas DEA, el Servicio Secreto y la de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego).

Wade Henderson, presidente de la Conferencia de Líderes en Derechos Humanos y Civiles, dijo que es "imperativo" que el país cuente con una "clara, justa y aplicable" vía a la ciudadanía, ya que contribuirá a mejorar la economía, los derechos laborales y a la propia democracia estadounidense.

En opinión del reverendo John McCullough, presidente de Chruch World Service, la reforma migratoria deber ser "compasiva y con sentido común" y dar prioridad a "la unión familiar de los inmigrantes y la ciudadanía".

Hasta 23 organizaciones participarán en acciones de campaña que se realizarán por estados de todo el país con alta presencia de comunidades inmigrantes e incluirán una marcha en autobús para destacar la necesidad de un sistema migratorio que permita a los once millones de indocumentados optar "al sueño americano".