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Activistas piden a comisionados de Miami que defiendan unidad de las familias

Miami, FL

Diversas agrupaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes reclamaron hoy a los comisionados del condado de Miami-Dade que reclamen al Congreso federal que en la reforma migratoria se dé prioridad al mantenimiento de las familias unidas.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida y la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), entre otras organizaciones, lanzaron hoy con ese propósito la campaña "Di que sí".

La Comisión del condado de Miami-Dade prepara la votación de una resolución que insta al Congreso a modernizar el sistema de inmigración a través de la propuesta bipartidista presentada por ocho senadores el pasado 28 de enero.

Estaba previsto que la votación del texto propuesto por los legisladores -entre los que se encuentra el senador por Florida Marco Rubio- tuviera lugar hoy, pero finalmente ha sido aplazada para los próximos días.

"Pedimos que den prioridad a mantener nuestras familias unidas en lugar de pedir más aplicación de las duras y costosas leyes de inmigración que ya han separado a miles de familias por medio de detenciones y deportaciones", dijeron los responsables de la campaña.

Aunque celebran que los comisionados apoyen la "tan necesitada modernización del sistema de inmigración, nos preocupa que la resolución sigue reforzando la idea del senador Rubio de que debe haber aún más mano dura antes de que los inmigrantes tengan una oportunidad real de iniciar su camino a la ciudadanía", apuntó Kathy Bird, directora de campaña para FLIC.

Añadió que los inmigrantes han "sufrido durante décadas la mano dura de Inmigración, con constantes redadas en áreas como Homestead y puestos de control que promueven el 'perfilamiento' racial".

"No necesitamos más de eso. Queremos que los comisionados digan que sí a nuestras familias y a un camino a la ciudadanía que sea real y funcione para todos por igual", defendió Bird.

Las organizaciones comunitarias que participan en esta campaña recuerdan que la economía de Florida se basa en "miles de campesinos, trabajadores de la construcción, o empleados que sirven a clientes y turistas en hoteles, restaurantes y atracciones".

"A pesar de que no están bien pagados, esto no quiere decir que sean trabajadores poco cualificados, y la resolución (que votarán los comisionados) debería reconocer su importante contribución", argumentó Bird.

En ese mismo sentido, Gihan Perera, director ejecutivo de la Nueva Mayoría de Florida, lamentó que "frecuentemente confundamos el salario que pagamos a nuestros trabajadores con su verdadero potencial económico y social".

"Los inmigrantes de nuestra nación, trabajando en una variedad de sectores y profesiones, nos brindan contribuciones fundamentales, no sólo en su trabajo, sino también en sus iglesias, escuelas y en la misma comunidad", declaró.

La abogada de ACLU Florida Shalini Goel Agarwal defendió que "la creación de esta vía a la ciudadanía, sin embargo, no debe depender de incrementar los esfuerzos de control fronterizo, dado que ya de hecho se gasta más dinero en aplicar leyes de inmigración que en la aplicaciones de todas las leyes federales juntas".

"Además, ya hemos cumplido y superado los puntos de referencia de control fronterizo de todos los proyectos de reforma migratoria anteriores, y hemos deportado a 1,5 millones de personas en los últimos cuatro años", dijo la abogada, quien recordó que esto se ha producido pese a que la migración neta "se encuentra en o por debajo de cero".

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