El Congreso examina la situación del E-Verify en marco de reforma migratoria

La Cámara de Representantes escuchó hoy la voz de responsables, usuarios y activistas sobre el programa E-Verify, que permite a los empleadores determinar si un solicitante de empleo puede trabajar de manera legal, en pleno debate sobre la reforma migratoria.

"Hay que mejorar la protección de la información en E-Verify tanto de los trabajadores como de los empleadores", apuntó durante la audiencia la abogada del Centro de Política Nacional sobre la Ley Migratoria Emily Tulli.

Tulli se alzó como la voz más crítica entre todos los ponentes con la situación actual del programa y pidió varias mejoras, entre ellas que los candidatos tengan derecho a apelar la decisión final en caso de que se les niegue el derecho a trabajar a causa de los resultados mostrados por E-Verify.

El E-Verify permite a los empleadores corroborar la información del solicitante de empleo en las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina del Seguro Social (SS).

Cifras del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) indican que 409.000 empleadores a nivel nacional utilizan el programa y un promedio de 1.300 nuevas empresas se registran cada semana.

La directora asociada del Servicio de Dirección Emprendedora de los servicios de Inmigración, Soraya Correa, salió en defensa de un programa que, según ella, "tiene un grado de precisión del 99,7 %" y que "sigue creciendo y con un elevado grado de satisfacción por parte de los usuarios".

"Estamos reduciendo el fraude mediante varios nuevos sistemas y apreciamos el apoyo del Congreso al programa E-Verify", aseguró Correa.

La audiencia también contó con la experiencia de Chris Gamvroulas, presidente de Ivory Homes, una empresa constructora de Utah que usa el programa para verificar el estatus de sus potenciales empleados.

"Nuestra experiencia siempre ha sido positiva y sólo hemos dejado de contratar a cuatro candidatos desde que usamos el programa", explicó el empresario.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de comercio Randel K. Johnson ahondó en la "necesidad" de promover "una misma ley sobre requisitos de verificación en todo el país", algo que ahora varía según los estados.

"También necesitamos encontrar una solución para el alto número de contratos sin verificación del estatus legal que se realizan en el sector agrario", concluyó el miembro de la patronal, aunque admitió que éste es un tema "difícil".