Perú lamenta la fuga de exasesor de Humala y enviará una comisión a Bolivia

Lima, 24 may (EFE).- El gobierno peruano lamentó hoy la fuga de Martín Belaunde Lossio, exasesor de campaña del presidente Ollanta Humala en 2006, y anunció que enviará una comisión oficial a Bolivia para brindar asistencia en las operaciones para volver a detener al empresario denunciado por delitos de corrupción.

Horas después de que Bolivia confirmara la fuga de Belaunde Lossio de la casa donde cumplía su detención domiciliaria en La Paz, la canciller, Ana María Sánchez, y el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer un pronunciamiento del gobierno.

Sánchez anunció el envío a Bolivia en las próximas horas de una comisión integrada por el procurador del Estado, el jefe de la Interpol y el jefe de la oficina de cooperación judicial de la cancillería para tomar contacto con las autoridades bolivianas y conocer las acciones que se vienen adoptando para volver a detener a Belaunde Lossio.

Asimismo, la comisión ofrecerá "la asistencia especializada de las entidades peruanas para lograr dicho propósito", precisó el documento leído por la canciller.

El gobierno peruano, además, pidió a la Interpol que reitere la vigencia de la orden internacional de búsqueda y captura en zonas fronterizas y a nivel internacional.

"El gobierno del Perú lamenta profundamente que se haya producido la fuga del señor Martín Belaunde Lossio de su lugar de arresto domiciliario en la ciudad de La Paz, y expresa su confianza en que las autoridades bolivianas agotarán todas las medidas a su alcance para su recaptura", agregó la ministra.

Belaunde Lossio es un empresario peruano que está procesado por presuntos delitos de corrupción en Perú y que estaba bajo detención domiciliaria en La Paz a la espera del proceso de extradición a Perú.

Sánchez recordó que Bolivia declaró este mes procedente el pedido de extradición solicitado por el gobierno peruano y ordenó que permaneciera en arresto domiciliario hasta su entrega a las autoridades de Perú.

Belaunde Lossio interpuso tres recursos legales con propósito dilatorio, agregó la canciller, los cuales fueron rechazados por la justicia boliviana.

El ministro de Justicia dijo que Perú siempre solicitó la detención de Belaunde Lossio en un establecimiento penitenciario, pero que la justicia boliviana dispuso su arresto en la casa de unos familiares del peruano.

La líder opositora y ex candidata presidencial Keiko Fujimori declaró, antes de que se confirmara la fuga, que si era verdad que se había escapado de Bolivia "sería un papelón para el gobierno peruano".

"Sería una vergüenza porque todo esto estaba advertido. Se les había avisado de este riesgo", añadió Fujimori a los medios locales.

Por su parte, la presidenta de la comisión parlamentaria que investiga las denuncias contra Belaunde Lossio, Marisol Pérez Tello, comentó que "la respuesta del Estado boliviano (sobre este caso) no es solo al Perú, es al mundo".

"El tener a una persona con un proceso de extradición es una responsabilidad internacional por la que se tiene que responder", agregó en entrevista con RPP Noticias.

Pérez Tello recordó que el empresario ya había anunciado su intención de "resguardar su libertad", pues consideraba ser un perseguido político, y señaló que se debieron tomar las precauciones e internarlo en un centro penitenciario.

Martín Belaunde Lossio está acusado en Perú de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en Gobiernos regionales y obtener así beneficios económicos personales.

La fiscalía también acusa al empresario de haber recibido fondos públicos del gobierno regional de Áncash para la oficina de relaciones públicas y comunicaciones, conocida como La Centralita, que dirigía en esa zona del país.

Precisamente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia aprobó el pedido peruano de extradición de Belaunde Lossio de manera unánime e inapelable por los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir en el caso de La Centralita.

El empresario ingresó ilegalmente en Bolivia a fines de 2014 y solicitó refugio en este país, pero la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) rechazó dos veces esta petición alegando que el peruano no probó ser un perseguido político.