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Un fiscal pide investigar a Macri por la deuda de correo manejado por su familia

Buenos Aires, 14 feb (EFE).- Un fiscal pidió hoy investigar al presidente argentino, Mauricio Macri, y a otros miembros del Gobierno por la polémica negociación de una millonaria deuda con el Estado que mantenía desde 2001 el grupo empresarial liderado por el padre del mandatario relativa al manejo de los servicios del correo oficial.

El pedido fue presentado por el fiscal Juan Pedro Zoni ante el juez federal Ariel Lijo, a quien solicitó investigar a Macri, al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa.

En su presentación, Zoni pidió a Lijo "iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas" en el marco del concurso de acreedores de la firma Correo Argentino, empresa del grupo Macri que entre 1997 y 2003 tuvo a su cargo la administración del correo oficial.

Según el fiscal, en ese proceso "se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios".

En su dictamen, Zoni afirmó que Macri "resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada y por ende del acuerdo" que en junio pasado alcanzó el Estado con la empresa para el pago de las deudas.

Poco antes que se conociera el pedido del fiscal, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció hoy en rueda de prensa que el Gobierno pedirá a la Auditoría General de la Nación (manejada por la oposición) que haga un informe técnico sobre cualquier acuerdo a ratificar.

"Acá se ha obrado según la ley en el marco de una discusión judicial y con total transparencia en todo el proceso. El presidente no ha intervenido", dijo Peña.

Acompañado por Oscar Aguad, Peña dijo que pidieron a la Cámara Federal de Justicia que revise de forma integral el proceso y Aguad se mostró dispuesto a comparecer en el Congreso para explicar las actuaciones de su cartera, responsable de intervenir en nombre del Estado en las negociaciones.

A raíz de la polémica, diversas fuerzas de oposición, excluido el kirchnerismo, acordaron hoy convocar para el próximo martes a Aguad a una reunión informativa en el Congreso, donde también buscan que comparezca en otra audiencia Franco Macri, padre del jefe de Estado.

El caso se destapó la semana pasada cuando la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, emitió un duro dictamen de rechazo al arreglo entre el Estado y Correo Argentino en junio pasado, pendiente aún de ser homologado por los tribunales en el marco de la ley de quiebras.

Para la fiscal, este acuerdo es "abusivo" y perjudicial para los intereses del Estado porque implica "una quita velada del orden del 98,82 %".

La deuda del Correo Argentino se remonta a 2001 y asciende a 292 millones de pesos (292 millones de dólares en aquel momento, cuando regía la ley de la convertibilidad cambiaria, muy lejos de los casi 16 pesos a los que cotiza ahora cada divisa estadounidense).

La empresa estaba entonces administrada por el padre del actual presidente, el empresario Franco Macri, y tenía la concesión oficial de los servicios postales pero entró en concurso de acreedores en medio de la grave crisis económica que azotó a Argentina ese año.

En 2003, con la llegada de Néstor Kirchner (2003-2007) al poder, y ante la millonaria deuda se decretó rescindir el contrato de concesión de los servicios postales oficiales.

Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) no se logró cerrar el litigio.

Seis meses después de la asunción de Macri se alcanzó este primer acuerdo que, según los cálculos de la Fiscalía, supone perdonar 4.000 millones de pesos ahora (256,24 millones de dólares) y cerca de 70.000 millones (más de 4.000 millones de dólares) a 2033, año en el que la empresa terminaría de pagar la deuda.

En la rueda de prensa de hoy, Aguad reiteró que "jamás" consultó las negociaciones con el presidente porque "tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión donde esté involucrado algún familiar".

Los ministros apuntaron que la única intención del Gobierno fue solucionar el problema lo más "rápidamente posible" porque el paso del tiempo perjudica los intereses del Estado y que en ningún momento fue una cuestión "política" sino un tema "técnico-judicial", manejado por los equipos legales estatales.

También cargaron contra el kirchnerismo por no haber cerrado el tema en doce años y celebraron que la Procuración del Estado vaya a investigar la actuación de todos los funcionarios involucrados en las negociaciones desde 2002.

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