El expresidente del Congreso dice que Temer nunca intentó comprar su silencio

Sao Paulo, 14 jun (EFE).- El expresidente de la Cámara de los Diputados de Brasil Eduardo Cunha, preso desde 2016 por asuntos de corrupción, aseguró hoy a la policía que el mandatario Michel Temer nunca intentó comprar su silencio, informó su abogado.

Cunha, impulsor del juicio político que llevo a la destitución de Dilma Rousseff, declaró hoy en el marco de una investigación abierta contra el presidente Michel Temer por los supuestos delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.

"Su silencio nunca estuvo a la venta", dijo el abogado de Cunha, Rodrigo Sánchez Rios, en declaraciones recogidas por medios locales.

Temer está siendo investigado por las autoridades, después de que el empresario Joesley Batista, uno de los dueños de la cárnica JBS, entregara a las autoridades una grabación clandestina que implica directamente al jefe de Estado.

En esa grabación, Batista le dice a Temer que todos los meses le daba dinero a Cunha "para mantener las cosas bajo control", a lo que el mandatario replica: "Tienes que mantener eso, ¿ok?".

Para la Fiscalía, el audio sugiere que Temer dio aval a Joesley Batista para comprar el silencio de Eduardo Cunha, condenado a más de 15 años de prisión por su implicación en la trama corrupta construida alrededor de la petrolera estatal Petrobras.

La defensa de Cunha desmintió que el exdiputado haya recibido algún tipo de soborno con el fin de evitar una confesión ante las autoridades a cambio de una reducción de su pena y que podría salpicar a importantes políticos.

"El diputado resaltó que nunca le buscaron, ni el presidente, ni interlocutores del presidente. Él lo negó categóricamente", afirmó.

Según medios locales, el fiscal general, Rodrigo Janot, estaría preparando una denuncia contra el presidente Michel Temer, la cual podría ser presentada en los próximos días o semanas.

No obstante, la aceptación o rechazo de una eventual denuncia dependería de una votación en el pleno de la Cámara de los Diputados. Si fuera aprobada por al menos dos tercios de los diputados, la decisión sería entonces comunicada al Supremo, que tendría la última palabra.