Al menos 30 empresas formaban "Club de la construcción" en Perú

Lima, 12 ene (EFE).- Al menos 30 empresas formaban el denominado "Club de la construcción", supuestamente conformado en Perú para otorgar sobornos a funcionarios a cambio de obras públicas, según el testimonio de un colaborador de la Justicia divulgado hoy por la emisora RPP Noticias.

El medio señaló que el grupo estuvo conformado por constructoras nacionales y extranjeras que entre 2011 y 2014 pagaron "coimas a cambio de obras públicas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)".

Las autoridades judiciales de Perú intervinieron el viernes 42 inmuebles y detuvieron a seis personas en una operación contra lo que denominó "Club de constructores", vinculado a las investigaciones de los casos de corrupción Lava Jato y Odebrecht.

El Ministerio Público informó que un equipo especial realizó el allanamiento en oficinas de las constructoras Graña y Montero, ICCGSA, OAS, Andrade y Gutiérrez, y Obrainsa, entre otras.

Entre los detenidos estuvo Carlos García Alcázar, un exasesor del despacho viceministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre 2011 y 2014, para quien un tribunal ordenó diez días de detención preliminar.

Según la fiscalía, el exfuncionario "se habría encargado de operativizar dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el otorgamiento de la buena pro a favor de una empresa previamente acordada", a cambio de lo que recibía "una prestación del orden del 2,9 %" de los montos acordados.

RPP indicó que la conformación del "Club de la construcción" fue detallada por el colaborador eficaz N°6-2017, quien explicó a las autoridades judiciales "cómo es que el grupo se conformaba, dónde tenía sus reuniones y cómo operaba".

También entregó una lista de las empresas que lo integraban y sus representantes

Las autoridades judiciales de Perú investigan el caso de corrupción Lava Jato y a las empresas locales que se asociaron a la constructora brasileña Odebrecht para realizar obras de infraestructura en el período señalado en el país.

El pasado 4 de diciembre, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 18 meses de prisión preventiva para los principales directivos de cuatro constructoras peruanas que se asociaron con Odebrecht.

La empresa Graña y Montero, una de las investigadas, señaló el viernes en un comunicado que "durante la visita... reafirmó que la compañía es contraria a cualquier práctica anticompetitiva por lo que saluda toda investigación que se realice al respecto".

La compañía sostuvo, además, que "no tiene conocimiento de que algún ejecutivo o exejecutivo haya participado del supuesto Club de la Construcción, y si fuera lo contrario el grupo no dudará en tomar las acciones correspondientes".

En Perú, el caso Odebrecht sigue el rastro de los millonarios sobornos que la compañía admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado a funcionarios a cambio de adjudicarse grandes obras entre 2005 y 2014.

Este período abarca los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), con orden de captura por supuestamente haber recibido un soborno de 20 millones de dólares (16,6 millones de euros), y Alan García (2006-2011), incluido en las investigaciones por sobornos para la construcción del metro de Lima.

También al gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), quien fue encarcelado junto a su esposa, Nadine Heredia, mientras se les investiga por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.