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España se enfanga en la corrupción

MADRID - La fortuna que ocultaba el ex tesorero del gobernante Partido Popular en Suiza ha provocado un terremoto en España, donde el abismo entre la clase política y una sociedad ahogada en recortes es cada vez más profundo.

Los líderes del partido anunciaron el lunes auditorías internas y otra externa retroactiva de sus cuentas con el objetivo de disipar las dudas sobre una presunta financiación irregular del partido, tras revelarse la semana pasada que Luis Bárcenas, gerente y tesorero de la formación durante 20 años, ocultaba al menos 29 millones de dólares en Suiza, cuyo origen no está claro.

Algunos reportes de prensa hablan incluso de que Bárcenas pagó sobresueldos en dinero negro a dirigentes del Partido Popular (PP), que niega tajantemente la información.

"Vamos a ser completamente transparentes", dijo la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal. "El partido ni tiene ni ha tenido nunca ninguna cuenta bancaria fuera de España".

A pesar del ruido, fundamentalmente mediático, el proceso judicial afecta de momento a una sola persona. No está probado que el PP cometiera irregularidades y parece difícil que el líder popular y presidente del gobierno Mariano Rajoy se vea salpicado por el escándalo.

El opositor Partido Socialista, que también lidia con casos de corrupción propios, ha exigido explicaciones y depurar responsabilidades. Los analistas entienden que la imagen de Rajoy podría verse debilitada, pero aseguran que con mayoría absoluta en el Parlamento nada hace pensar que sus impopulares medidas de austeridad comprometidas con Europa para reducir el déficit se vayan a resentir.

"Es muy difícil vender austeridad cuando presuntamente se está robando", explicó José Antonio Olmeda, catedrático de Ciencias Políticas de la universidad UNED. "Es un disparo a lo que ha sido su gestión política y debilita su autoridad, pero está obligado a hacer lo que está obligado a hacer frente a Europa", añadió.

El caso Bárcenas, que empezó a investigarse en 2009, despertó en un amplio sector de la población española el sentimiento de que los políticos se enriquecen con total impunidad, mientras la sociedad paga la crisis y el desempleo con fuertes recortes y subidas de impuestos.

Siete de cada diez españoles aseguraron que la situación política es mala o muy mala en la última encuesta del público Centro de Investigaciones Sociológicas. Además, situaron la clase política como el tercer gran problema del país, solo por detrás del rampante desempleo del 25% y los problemas económicos en general.

"La gente percibe que la corrupción ha aumentado", señaló Olmeda. "La corrupción se descubre tarde, se juzga tarde y muchas veces los políticos ni van a la cárcel ni devuelven el dinero".

El de Bárcenas es el último de una lista de escándalos de corrupción que han sacudido el país en plena crisis. Los más importantes son la presunta malversación de fondos públicos de Iñaki Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos. Y el monumental agujero de 23.900 millones de dólares en las cuentas de la entidad financiera Bankia, que obligó al Estado a nacionalizarla en mayo del año pasado.

Junto a ello, la prensa riega a diario sus páginas con decenas de pequeñas investigaciones, en los que dirigentes locales y regionales aparecen inmersos en tramas de corrupción y tratos de favor a empresarios.

Según informes de la prensa local, hasta 300 políticos están actualmente imputados en causas judiciales relacionadas con algún tipo de corrupción. Casi 100 de ellos son alcaldes en funciones o ex alcaldes.

"Los grandes partidos políticos, como los populares y los socialistas, sufren un proceso deterioro lento por estos casos, que refuerza a otras opciones más extremas y en principio minoritarias", consideró Olmeda. "En España falla mucho la rendición de cuentas de los políticos".

En 2012, España ocupó el puesto 30 de 176 países en el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora cada año la ONG Transparencia Internacional. En cuanto a los países del entorno europeo, está por delante de Italia, pero por detrás de Francia, Alemania y el Reino Unido.

Una de las medidas estrella del gobierno conservador de Rajoy es la llamada ley de transparencia, que está previsto se apruebe este año. Se trata de conjunto de normas que pretenden facilitar el acceso de los ciudadanos a la información de cómo y en qué gastan el dinero sus dirigentes y que además castigará a los altos cargos malgastadores.

Mientras tanto, se anuncian meses todavía más complicados para Rajoy, que suma a la gestión de la crisis un peligroso frente en su partido.

Unas 500 se concentraron el viernes frente a la sede del PP en Madrid para protestar por el caso Bárcenas. Aunque parece difícil que el malestar que se percibe en los debates y conversaciones a pie de calle cristalice en una mayor conflictividad social.

"La gente está enfadada y se ve en las encuestas. Pero la indignación no llega a trascender a la movilización. Sigue habiendo un cierto escepticismo de que por mucho que se movilicen no van a conseguir demasiado", comentó Olmeda.

"Es un panorama muy confuso y no parece que haya nadie capaz de capitalizar todo el descontento que hay en España", añadió.

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