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Matrimonio español se suicida por orden desahucio

MADRID - Una pareja de españoles jubilados se suicidó el martes tras recibir una orden de desahucio de su domicilio por impago bancario, justo el mismo día en que el Parlamento debate una iniciativa popular para modificar la ley hipotecaria.

El matrimonio fallecido era un hombre y una mujer de 68 y 67 años respectivamente. Un hijo de la pareja encontró los cuerpos en su apartamento de Calviá, en las Islas Baleares. La policía cree que murieron por una ingesta masiva de medicamentos, dijo un portavoz de la Guardia Civil que habló bajo condición de anonimato porque no está autorizado a revelar datos sobre suicidios.

Los agentes encontraron una nota manuscrita en la que la pareja explica que tomó la decisión de quitarse la vida acuciados por la pérdida de su casa. No se dieron detalles sobre el dinero que debían al banco.

Con este suceso son al menos cinco los casos confirmados de españoles que se han suicidado en el último año tras recibir órdenes de desalojo de sus viviendas.

El problema de las familias desahuciadas porque no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas llegó al Congreso a través de una iniciativa legislativa popular presentada por la Plataforma Anti Desahucios.

Más de 1,4 millones de firmas, sobre las 500.000 necesarias, fueron presentadas para estudiar una reforma de la ley hipotecaria española. Actualmente, las personas que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca son desalojadas por orden judicial, pierden el dinero invertido y la casa y teóricamente deben satisfacer la deuda pendiente con el banco.

El gobernante Partido Popular, que se oponía inicialmente a admitir la petición, anunció un cambio en el sentido de su voto. Por lo que la reforma será debatida en el Parlamento a lo largo de los próximos meses.

La iniciativa pide, entre otras cosas, que el desahucio salde completamente la deuda con el banco.

El drama de los desalojos es una consecuencia directa del altísimo desempleo del 25% y el colapso inmobiliario.

Más de 350.000 personas --muchas de ellas inmigrantes-- han perdido su vivienda y los ingresos de media vida desde el comienzo de la crisis en 2008, según cálculos judiciales.

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