Leyes migratorias de Colorado costaron millones sin lograr resultados

El paquete de medidas contra la inmigración indocumentada que el Legislativo de Colorado aprobó en 2006 ha costado al estado millones de dólares, sin que se hayan obtenido los resultados deseados, según un estudio dado a conocer hoy.

El informe, realizado por la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC, en inglés), señala además que estas medidas supusieron decenas de miles de arrestos innecesarios, causando problemas sociales y fiscales.

"Todos los residentes de Colorado merecen vivir con confianza, dignidad y seguridad en todas las comunidades. Pero la ley SB90 del 2006 ha erosionado esos valores. Y ahora tenemos los datos cuantitativos y cualitativos para mostrarlo", afirmó Gabriela Flora, del Comité de Servicio de Amigos Americanos (AFSC) al presentar el reporte.

Flora agregó que la aplicación de SB90 y leyes similares en Colorado, que fueron la base de la ley SB1070 de Arizona ha tenido un "impacto comunitario negativo".

La razón, explicó, es que esas medidas obligan a la policía local a cooperar con Inmigración e informar a los agentes federales sobre cualquier persona arrestada a la que se considere sospechosa de estar ilegalmente en el país.

Como el informe sólo se puede enviar después del arresto, SB90 causó un aumento en el número de arrestos por infracciones menores.

Según Kathy White, subdirectora de proyectos de la ONG Instituto de Políticas Fiscales de Colorado (CFPI) y coautora del reporte, indicó que todas las jurisdicciones policiales de Colorado cumplen con el mandato de SB90 de colaborar con Inmigración.

Desde la entrada en vigor de todo el paquete de medidas antiinmigrantes hace cinco años, los distintos departamentos de policía de Colorado han reportado más de 145.000 sospechosos de ser indocumentados al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), dijo White.

"La gran mayoría de estas personas fueron arrestadas a pesar de que no cometieron ningún delito, sino infracciones menores, como infracciones de tránsito. Sólo uno de cada tres de esos arrestados tenía delitos previos", indicó.

A la vez, dijo White, la mayoría de esos arrestados son inmigrantes hispanos que, de promedio, permanecen encarcelados 22 días más que otras personas detenidas por infracciones o delitos similares, debido a que los inmigrantes no conocen el sistema judicial, no tienen acceso a recursos económicos o a abogados, o se les niega el pago de una fianza.

"El Condado de Denver gasta más de un millón de dólares al año por esos días adicionales de detención. A nivel estatal, Colorado gasta 13 millones de dólares al año para alojar a los detenidos en el marco de SB90. Ese dinero equivale a la contratación de unos 270 policías de tiempo completo", declaró White.

Además del costo económico, también existe un costo social, expresó Brendan Greene, de CIRC, que fue documentado en los últimos tres meses por medio de testimonios recibidos por esta coalición sobre posibles casos de violación de los derechos civiles de inmigrantes y ciudadanos.

"Desde que abrimos una línea telefónica directa el 15 de septiembre pasado para que la gente pudiese reportar posibles casos de abusos hemos recibido cientos de llamados de todo el estado y hemos documentado 60 de esos casos", dijo Greene.

"El 75 por ciento de los llamados son de personas que fueron arrestadas por infracciones menores y que luego recibieron órdenes de deportación. Y en un 20 por ciento de los casos, se les negó fianza a personas que de otra manera podrían haber quedado en libertad", indicó el dirigente de CIRC.

"La gente ya no confía en las fuerzas del orden", opinó Greene.

Un reciente ejemplo es el caso de Luis Antonio Medrano, que llegó a Estados Unidos en 1996, cuando tenía 3 años, y califica para el programa de acción diferida.

El pasado 6 de noviembre, Moreno fue detenido por conducir con exceso de velocidad y pasó 19 horas en la cárcel, con la posibilidad de que, por ese arresto, su pedido de acción diferida ahora sea rechazado.

"Me trataron como un criminal, como alguien sin derechos. Tenemos que encontrar una solución", expresó el joven inmigrante.