Legisladores en Carolina del Norte "suavizan" posturas contra indocumentados

El comité legislativo que analiza la cuestión migratoria en Carolina del Norte, recomendó hoy no aprobar leyes para combatir a los indocumentados y a cambio urgió al Gobierno federal a que actúe.

En un informe de 12 páginas, los miembros de la junta de 12 representantes, siete republicanos y cinco demócratas, exhortaron a que la próxima Asamblea General de 2013 apruebe una resolución que exija a Washington DC un mayor control en las fronteras.

También pide a la delegación de congresistas y senadores federales del estado adoptar una posición de "liderazgo" que promueva la revisión de las leyes migratorias.

También, que se otorguen mayores poderes a los estados para hacer cumplir las mismas.

"El comité también encontró que Carolina del Norte se ha beneficiado y recibido prosperidad del trabajo de los inmigrantes, y que se han convertido en una fuerza vital para el estado", según el informe.

A pesar de la falta de acción de los legisladores del estado sureño de implementar medidas como las de Arizona y Carolina del Sur contra los más de 325.000 indocumentados que viven en Carolina del Norte, los líderes hispanos afirmaron que no bajarán la guardia.

"Este comité fue una pérdida de tiempo y de dinero de los contribuyentes norcarolinos para ratificar que el poder en asuntos de inmigración recae sobre el Gobierno federal", afirmó hoy a Efe John Herrera, exconcejal de la ciudad de Carrboro, al norte del estado.

"Hoy nos enviaron una buena señal de cambio de actitud hacia la comunidad hispana en parte por la participación y papel tan importante que jugamos en las elecciones pasadas", acotó el ahora cabildero de asuntos latinos ante el Legislativo.

Al menos cinco reuniones realizó el comité migratorio desde diciembre de 2011 hasta la fecha, en las que se escucharon múltiples opiniones de miembros del sector público, negocios, organizaciones comunitarias, y agencias del orden público,

Según Herrera, el comité solo se formó para "complacer" a los grupos conservadores y a los republicanos de la derecha que buscaban resoluciones concretas en la legislatura para hacer la vida imposible a los indocumentados.

Sin embargo, organizaciones proinmigrantes como "We are NC", Jesus Ministry, la Coalición Latinoamericana, NC Dream Team, entre otros, formaron un frente común para contrarrestar las posibles maniobras políticas en perjuicio de los inmigrantes.

"Fue toda una bendición", señaló hoy a Efe Maudia Meléndez, directora ejecutiva de Jesus Ministry, con sede en Charlotte.

"Esto comprueba que hay que moverse, venir a la capital, Raleigh, agruparse, trabajar en equipo, en unidad, para ejercer presión y conseguir nuestros objetivos. La lucha continúa", apuntó la dirigente de origen nicaragüense.

Para Mauricio Castro, dirigente de la Coalición Latina de Carolina del Norte, la presión ejercida "debajo de la mesa" de las industrias que dependen de la mano de obra hispana fue "esencial" para la no actuación de los legisladores estatales en materia migratoria.

"Por ahora nos dejaron tranquilos, y se dieron cuenta que dependen mucho de los inmigrantes por el trabajo que realizan", apuntó el mexicano.

Existía mucha expectativa de los grupos latinos por lo que podía decidir el comité migratorio, ya que la Asamblea General en Raleigh vuelve a ser controlada por los republicanos, y además con un nuevo gobernador de ese partido.

Pat McCroy, quien fuera alcalde de Charlotte por 14 años, asumirá el cargo próximo 8 de enero, y aunque todavía se desconoce su posición concreta con respecto a los "sin papeles".

Por último, Meléndez aprovechó la oportunidad para presentar al presidente del comité, el republicano Frank Iler, un proyecto de licencias de conducir para los indocumentados que cuenta con el apoyo de más de 8.000 ciudadanos estadounidenses del estado.

Carolina del Norte dejó desde 2006 de otorgar el permiso de manejo a inmigrantes que carecían de estatus migratorio legal en el país.

La propuesta estipula una revisión de antecedentes penales del solicitante, comprobación de presentación del pago de impuestos, una cuota de 50 dólares por cada licencia, renovable cada dos años, y de que el individuo resida en el estado.

Según Meléndez, las licencias para indocumentados generarían 100 millones de dólares a las arcas del estado más los ingresos en seguro vial, placas de automóviles e impuestos estatales.