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Proponen ley en California para extender beneficios a jóvenes indocumentados

San Diego (California)

El asambleísta demócrata Roger Hernández dio a conocer hoy una propuesta de ley que busca expandir los beneficios sociales para los miles de jóvenes indocumentados que califican para la "acción diferida".

De ser aprobada esta ley, la AB 35, le medida proporcionaría a estos jóvenes identificaciones oficiales de California, seguro de desempleo y servicios médicos proporcionados por el estado, y se sumaría a la propuesta ya aprobada por el gobernador del estado, Jerry Brown, de darles licencias para conducir.

"Estoy enfocado en restaurar la fuerza económica y la competitividad de California en todo el mundo. De esta forma, no podemos darnos el lujo de voltear nuestras espaldas a nuestros jóvenes estudiantes inmigrantes, especialmente aquellos que han comprobado éxito en sus logros académicos y de trabajo", indicó Hernández en un comunicado.

Se estima que en California hay cerca de 400.000 jóvenes indocumentados que podrían beneficiarse de esta medida, aprobada por la Administración del presidente, Barack Obama, en agosto pasado.

Hernández, nombrado presidente del Comité de Trabajo y Empleo de la Asamblea de California este mes, dijo que el estado encarna la mayor diversidad del mundo".

"Reconocemos que necesitamos las habilidades colectivas y talentos de estos inmigrantes jóvenes para ayudar a nuestro estado a que alcance su potencial verdadero", añadió Hernández en su comunicado.

El asambleísta por West Covina indicó además que, como presidente del comité, está listo para hacer su parte para que "la integración de nuestra fuerza de trabajo, economía y sociedad se haga una realidad".

La "acción diferida", una orden emitida por el presidente Barack Obama el pasado 15 de junio, permite suspender temporalmente la deportación de hasta 1,76 millones de estudiantes indocumentados que vinieron a EE.UU cuando eran menores y que cumplen una serie de requisitos.

Para recibir este beneficio, los jóvenes indocumentados deberán demostrar mediante documentación que tenían menos de 31 años de edad cuando se anunció la directriz, llevan cinco años de residencia consecutiva y no tienen historial criminal.

Además, tendrán que presentar pruebas de sus estudios y graduación de secundaria, o su equivalente, pruebas de su servicio militar o de la Guardia Costera.

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