Debaten en Nebraska leyes para proteger a mujeres, niños e inmigrantes

El Comité Judicial del Legislativo unicameral de Nebraska comenzó a debatir tres proyectos de ley destinados a proteger a mujeres, niños e inmigrantes de crímenes como la prostitución o el tráfico de personas.

En su presentación ayer ante el comité, la senadora estatal Amanda McGill, de Lincoln, indicó que "la explotación de mujeres y niños, incluyendo inmigrantes, ha permanecido sin ser notada en Nebraska".

La observación fue luego ratificada por representantes de varios grupos comunitarios locales que testificaron ante el comité y que instaron a los legisladores a buscar la manera de detener el abuso de mujeres y de menores en este estado.

Según un estudio difundido en octubre de 2012 por la Conferencia sobre Tráfico Humano de la Universidad de Nebraska en Lincoln (UNL), el tráfico humano "existe en este estado" y afecta a unas 2.000 personas "que son forzadas a trabajar en la prostitución".

El mismo estudio encontró que el mayor obstáculo que tienen los legisladores es que "el público no sabe o no cree que se venda a gente por sexo". Además, "a muchos les cuesta creer que eso suceda en Nebraska".

A nivel nacional, indica el reporte, por lo menos 200.000 menores son víctimas de tráfico humano en Estados Unidos.

Otro problema, según el reporte de UNL, es que en muchos casos la policía carece del entrenamiento necesario para detectar el tráfico de personas o para separar a la víctima del victimario, por lo que, por ejemplo, una mujer puede ser acusada de prostitución sin importar que haya sido víctima de tráfico humano y forzada a ejercerlo.

En 2012, la senadora McGill impulsó una ley que incrementó de cinco a 20 años la sentencia máxima para quien fuese declarado culpable de forzar a otra persona a trabajar en prostitución.

La misma ley pidió que se constituyese un grupo de trabajo con policías y abogados para coordinar la lucha contra el tráfico humano y para ayudar a las víctimas de ese crimen.

Continuando con esa tarea, este año, McGill presentó dos proyectos, LB255 y LB256.

El primer proyecto aumenta las sanciones y sentencias para quienes fuesen convictos de tráfico humano o de abuso de menores, establece excepciones con respecto a la culpabilidad de las víctimas de esos crímenes y ofrece inmunidad a los menores que testifiquen contra sus victimarios.

El segundo proyecto permitiría la incautación de equipo y propiedades usados para producir o distribuir sustancias controladas (drogas).

Por su parte, el senador estatal Mark Christensen, de Imperial, presentó el proyecto LB314 que regularía las actividades de las llamadas "agencias de acompañantes", que, si la ley se aprueba, deberían registrarse y obtener los permisos correspondientes para operar y para promocionar sus servicios.