El Gobierno argentino reúne datos sobre las presuntas llamadas de narcos a su sede

Buenos Aires, 1 sep (EFE).- El jefe de Gabinete de Argentina, Jorge Capitanich, afirmó hoy que el Gobierno va a responder a las preguntas de una jueza que investiga presuntas llamadas de narcotraficantes a teléfonos de la sede del Ejecutivo argentino.

El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, "está elaborando la información requerida para su ulterior respuesta", señaló Capitanich.

"Esto implica la identificación clara respecto a número o números y horario correspondiente", agregó el jefe de Ministros argentino, quien, aunque prometió colaboración, criticó a la jueza María Servini de Cubría por su "tono intimidatorio".

"Nos llama poderosamente la atención porque al mismo tiempo establece una expresión de tono intimidatorio o amenazante porque dice que si no se responde tendrá que allanar (registrar)", dijo el jefe de Gabinete en una conferencia de prensa.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo hoy a una radio que "las llamadas deben existir" si lo dice la magistrada, aunque le pidió que identifique quiénes son los narcotraficantes que supuestamente se comunicaron telefónicamente con la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo.

La jueza Servini de Cubría hizo pública la semana pasada la investigación y advirtió que dictará una orden de allanamiento si no recibe la información solicitada sobre quiénes usan los números telefónicos que aparecen en las pericias.

En la causa están procesados el extitular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) José Granero (2004-2011) y el director del Registro Nacional de Precursores Químicos, Julio de Orué.

En la misma situación se encuentra Gabriel Yusef Abboud, actual analista de datos en el Ministerio de Seguridad.

En la resolución que determinó el procesamiento de los funcionarios, Servini de Cubría consideró que unos 40.000 kilos de efedrina importados por autorización de la Sedronar entre 2004 y 2008 en realidad fueron desviados hacia el narcotráfico.