Impago de deuda argentina llega a corte de NY

NUEVA YORK - Argentina se enfrentó el miércoles con un grupo de inversionistas de Estados Unidos en una corte de Nueva York, cuyo fallo podría aclarar acuerdos realizados por el gobierno del país sudamericano para resolver un endeudamiento cercano a los 100.000 millones de dólares.

La disputa legal gira en torno a la negativa de Argentina de pagar a un pequeño grupo de inversionistas a los que les debe aproximadamente 1.300 millones de dólares, y parecía cerca de lograr un avance el miércoles, cuando los abogados que representan a bancos, tenedores de bono y al país sudamericano acudieron a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

La audiencia del miércoles se enfocó en una orden de un juez federal en la que se pide a los bancos estadounidenses que procesan los pagos de la deuda del gobierno argentino que empiecen a desviar parte de ese dinero a los acreedores.

El carácter insoluble de la disputa resultó evidente desde el principio, cuando el abogado estadounidense que representa a Argentina, Jonathan Blackman, presentó lo que equivale a un desafío a la autoridad de la corte: Dijo que si los jueces emiten un fallo que no favorezca a Argentina, el país simplemente se negaría a cumplirlo.

"Estamos representando un gobierno, y a los gobiernos no se les dirá que hagan cosas que fundamentalmente violan sus principios", indicó Blackman.

El pronunciamiento molestó evidentemente a una jueza que conforma el panel, Reena Raggi, que preguntó con dureza al abogado sobre por qué eso significa que la corte debería condonar al país de una deuda que está obligado legalmente a pagar.

La disputa se origina del impago de Argentina de su histórica deuda en 2001. La mayoría de los acreedores del país aceptaron nuevos bonos que pagaban menos de lo que se les debía originalmente. Unos cuantos rechazaron participar en tal reestructuración de deuda, incluyendo compañías controladas por el multimillonario inversionista de Nueva York Paul Singer.

Quienes no quisieron negociar han ganado un fallo de la corte en Nueva York para cobrar 1.300 millones de dólares a Argentina, pero han sido considerados "buitres" por la presidenta argentina Cristina Fernandez, que ha prometido no pagarles a menos que acepten el mismo acuerdo que los otros inversionistas.