Juicio a Ríos Montt por genocidio sigue en veremos

GUATEMALA - Cientos de campesinos indígenas cuyos familiares murieron o desaparecieron durante la guerra civil aplaudieron y lloraron de emoción en enero, cuando un juez decidió juzgar por genocidio al ex dictador Efraín Ríos Montt, quien gobernó el país en el punto más álgido del conflicto de 36 años. Una espera de décadas, durante las cuales se sentían desgarrados cada vez que antropólogos forenses descubrían una fosa clandestina en la que podían estar sus padres, hijos o hermanos, parecía estar llegando a su fin y pronto se haría justicia.

Diez meses después, no obstante, el que sería el primer juicio por genocidio que se le hace a un gobernante latinoamericano aún no ha comenzado. Ni tampoco avanza otro proceso por genocidio que se la inició a Ríos Montt en mayo. En total se le acusa de 266 acciones que provocaron la muerte de al menos 1.771 indígenas mayas, el desplazamiento de 29.000 personas y el asesinato de otros 201 campesinos en la aldea norteña de Dos Erres.

Los dos procesos están frenados por maniobras legales de los abogados del militar, quienes han presentado decenas de apelaciones e incluso arguyen que Ríos Montt, quien gobernó entre 1982 y 1983, está cobijado por una ley de amnistía. Ahora se espera el fallo de la Corte de Constitucionalidad, la instancia judicial más alta de Guatemala, que debe decidir si Ríos Montt es cobijado por una amnistía o no.

En otros países latinoamericanos sus gobernantes han sido juzgados por crímenes de lesa humanidad, pero Ríos Montt es el primero acusado de genocidio, cargo que implica el exterminio intencional de una raza o etnia.

Para Anita Isaacs, investigadora en temas sobre Guatemala y profesora de Ciencias Políticas de Haverford College en Pensilvania, los casos de Ríos Montt, quien está bajo arresto domiciliario, son prueba de cuánto ha cambiado el sistema judicial en país, pero también de cuánto queda por cambiar.

"Años atrás era impensable que Ríos Montt enfrentase un proceso así. Esto ilustra cuánto camino se ha recorrido y todo lo que queda por recorrer", explicó a The Associated Press.

Para poder abrir estos procesos, que estuvieron estancados por décadas, se designó como jefa del Ministerio Público a la fiscal general Claudia Paz, una abogada promotora de los derechos humanos reconocida internacionalmente. Además, con el apoyo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se encuentra bajo un mandato especial de las Naciones Unidas, se crearon tribunales de alto riesgo especializados en casos de gran impacto.

Sin embargo, las decisiones de estos tribunales aún son apelables por tres cortes del organismo judicial, la más alta de las cuales es la Corte de Constitucionalidad.

Miguel Ángel Gálvez, juez del tribunal de alto riesgo de Primera Instancia Penal, a cargo del primer caso de genocidio conocido como el triángulo ixil por el grupo étnico de la zona, suspendió el proceso debido a las 13 apelaciones presentadas por la defensa.

"No me quedó otra que suspender el proceso", dijo Gálvez a The Associated Press.

Además de las apelaciones, señaló, varios abogados de los ex militares pidieron su recusación, lo cual le impide seguir conociendo las mociones interpuestas hasta que la sala de apelaciones resuelva. De ser recusado, Gálvez sería el segundo juez removido del caso ixil después de la jueza Carol Patricia Flores en febrero.

Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos en Guatemala, que aboga por la promulgación de la justicia transicional, dice que los abogados de Ríos Montt claramente buscan dilatar la apertura del juicio. "Lo que más nos preocupa es el recurso interpuesto por la defensa del señor Ríos Montt por la competencia del juez natural", indicó. "Dicen que no se debería de ver el caso en un juzgado de alto riesgo si no uno normal."

"Si la Corte de Constitucionalidad decidiera otorgar la amnistía sería una monstruosidad jurídica ya que existen decretos nacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen que para ese tipo de casos no existen amnistías para extinguir una persecución penal", manifestó Reyes. "La defensa presentó un recurso de amnistía por el decreto 8-86 que es de la época de Mejía Víctores para proteger a golpistas".

Aludía a una amnistía promulgada en 1986 por otro militar golpista, el general Oscar Mejía Víctores, antes de entregar el país al poder civil.

"Independientemente de esto, si son crímenes políticos o no, el decreto 133 de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996 dice que todas las amnistías anteriores quedan sin efecto", añadió.

Según los documentos del proceso, a los cuales tuvo acceso la AP, la defensa acusó al ministerio público de actividad procesal defectuosa, pidió recusar expertos militares y que otros expertos explicaran si la zona de los ixiles consistía en una etnia indígena.

También alegaron que la fiscalía no podía utilizar los planes militares de campaña porque eran copias y no les facilitaron los originales, lo cual pone en cuestión su validez como medio de prueba.

"Si a mí no me entregan un original, ¿cómo puedo cerciorarme yo que lo que me están entregando es legítimo"?, dijo el abogado Francisco Palomo, quien encabeza el grupo de abogados defensores del ex mandatario y otros militares retirados. "No reconocemos que haya existido genocidio en Guatemala. Para eso tiene que existir la intención de destruir una raza".

De acuerdo con los planes militares de campaña "Victoria 82" y "Firmeza 83", presentados ante la sala, parte de la estrategia de los militares constituyó también perpetrar violaciones y agresiones sexuales a mujeres ixiles y la destrucción de fetos.

En los 40 años de conflicto bélico se adoptó una política de "tierra arrasada" cuyo fin era eliminar a la población civil que potencialmente podía apoyar la acción de las guerrillas izquierdistas. Otra de las políticas de Ríos Montt consistió en implementar "polos de desarrollo", que eran comunidades vigiladas militarmente en las que los campesinos eran obligados a asentarse, según los planes militares.

Los abogados de Ríos Montt, quien tiene 85 años, aducen que el militar fue cobijado por dos amnistías, la del general Mejía Víctores y otra aprobada cuando se sancionó la Lay de Reconciliación Nacional en 1996, que puso fin a la guerra. Esa amnistía abarca y los responsables de haber cometido delitos políticos, pero no cobija el delito de genocidio.

Gálvez le negó la amnistía a Ríos Montt en marzo explicando que la propuesta viola los acuerdos internacionales de derechos humanos anteriormente firmados por Guatemala. El juez también mencionó la Ley de Reconciliación Nacional.

Los abogados de Ríos Montt, no obstante, están agotando todas las instancias legales en un esfuerzo por conseguir que los tribunales digan que el militar está cobijado por las amnistías.

"Es un tema que nos preocupa mucho", expresó Marlies Statters directora de la Impunity Watch, una organización internacional que vigila si los gobiernos cumplen con las obligaciones legales hacia las víctimas de crímenes. "Lo que hemos visto es que se utilizan recursos como los amparos (constitucionales) que son mecanismo de impunidad muy fuerte que emplean para paralizar los casos y evitar la justicia".

Marcie Mersky, directora de programación del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Nueva York, opina que "Ríos Montt no puede ser cobijado por una amnistía bajo las leyes guatemaltecas".

"No hay necesidad de apelar a la legislación internacional", señaló. "La amnistía aprobada en Guatemala cuando se firmaron los acuerdos de paz excluyen explícitamente el genocidio, además de la tortura, las desapariciones y otros delitos que no prescriben en el marco de convenciones internacionales que Guatemala ha ratificado".

Durante 15 años, el general retirado gozó de inmunidad política por ser diputado. Su último período como legislador finalizó el 14 de enero de 2012.

La decisión de Gálvez fue recibida favorablemente por instituciones que velan por sistemas judiciales frágiles como el de Guatemala.

El fiscal a cargo del proceso, Orlando López, dice que la Corte de Constitucionalidad tiene facultades para poner fin a las maniobras dilatorias.

"Los jueces de la CC (Corte de Constitucionalidad) tienen la capacidad de rechazar inlimine todo lo que pudiera impedir el proceso", señaló López. "Pero en Guatemala puede suceder cualquier cosa".

Hasta el momento, el Ríos Montt no ha dado declaraciones sobre el caso ixil. Sin embargo, cuando fue llamado ha declarar por un segundo proceso de genocidio al norte del país, el ex gobernante de facto dijo que había "temas y autoridades bajo las cuales funcioné. Es bajo la ley custodial del ejército, que me declaro inocente".

La jueza Flores abrió el proceso a Ríos Montt por genocidio y crímenes contra de la humanidad en enero. También lo ligó a un segundo proceso de genocidio por la masacre Dos Erres en abril.

Por el mismo caso del triangulo ixil son procesados los generales retirados Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes.

El conflicto armado terminó en 1996 con un acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas pero durante los 36 años que duró dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, según el informe de una comisión de la verdad auspiciada por Naciones Unidas tras el fin del conflicto.

La Nobel de la Paz de 1992 Rigoberta Menchú también acusó a Ríos Montt de genocidio ante la justicia española y este caso sigue abierto en espera que concluya el proceso nacional.

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Romina Ruiz-Goiriena está en Twitter como https://twitter.com/romireportsAP